La nueva Ley de Transparencia no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental y lo regula como un derecho ordinario, lo que implica su subordinación a cualquier ley orgánica, como la de protección de datos de carácter personal.
No obliga por igual a todas las instituciones y no crea un órgano de supervisión totalmente independiente del poder político.
Es una ley que se queda en la superficie. La transparencia es otra cosa, es publicitar toda la actividad pública. Sabremos los presupuestos y la ejecución de gastos, pero no de qué manera se han tomado las decisiones para gastar ese dinero.
Se excluyen del escrutinio público los informes, borradores y materiales de trabajo que usan las administraciones públicas para tomar decisiones.
En definitiva, la Ley de Transparencia aprobada ayer en el Congreso se queda corta y mantiene privilegios para la Iglesia y la Casa Real
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